EL “SOCIALISMO MILITAR” EN BOLIVIA

Si bien en América Latina, a partir de las experiencias de las décadas de los sesenta y setenta, se suele asociar las intervenciones de los militares en la política como expresión de la reacción conservadora ante la radicalización política e ideológica, en algunos casos articularon, desde el Estado, la incorporación de sectores excluidos. Hubo experiencias en las que las Fuerzas Armadas se inclinaron hacia las reivindicaciones de los sectores trabajadores, muchas veces de la mano de ideas nacionalistas que tendía a fortalecer la intervención del Estado en la economía y en la cuestión social. Podríamos mencionar como un ejemplo, fuera del marco cronológico en el que estamos situados, el gobierno de Velasco Alvarado en Perú (1968-1977).

Tal fue el caso de la breve experiencia del llamado “socialismo militar” en Bolivia, entre 1936 y 1939. La experiencia se produjo tras la guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a bolivianos y paraguayos. Si bien en el conflicto influyeron los intereses de la Standard Oil y de la Royal Dutch Shell, que se disputaban un territorio apetecido, el enfrentamiento tuvo un significado vinculado con conflictos políticos internos en Bolivia. Las tensiones provenían del incremento de la conflictividad política y social tras la crisis de 1930, que había producido el descalabro de una economía basada exclusivamente en la exportación de minerales. Desde principios del siglo XX los llamados “barones del estaño” habían dominado la explotación del mineral, actuando como capitalistas extranjeros, con escasa inserción en la economía nacional, centralmente campesina.

 El predominio de tres familias (Patiño, Hochschild  y Aramayo) había funcionado en relación con un sistema político bautizado como “la rosca”, que aseguraba el control del Estado por parte de una elite dirigente que no interfería en la actividad minera orientada al exterior. El presidente Salamanca, preocupado por la radicalización de los trabajadores mineros afectados por la crisis, y exagerando la importancia de la actividad política de la delgada clase media y de grupos universitarios, emprendió la intervención en el conflicto armado como una forma de encolumnar a los diferentes sectores detrás de su liderazgo. Tras el fracaso de la intervención en la guerra, se conformó un grupo de jóvenes militares (“Razón de Patria” –RADEPA–) dispuesto a asumir las tareas que consideraban pendientes para la organización del Estado nacional. Se proponían modificar las bases que sostenían la convivencia de “la rosca” con los “barones del estaño”. Bajo las presidencias de David Toro (1936-1937) y de Germán Busch (1937-1939) se impulsó una serie de medidas tendientes a la nacionalización de la explotación de los recursos naturales y a la incorporación de los sectores sociales y raciales excluidos.

Se incrementó la participación del Estado en la explotación del petróleo a través de la formación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se propició la sindicalización de los trabajadores mineros. En un nuevo texto constitucional se estableció un código de trabajo y se estatizó la banca central. La idea de que los militares expresaban los valores del Estado nación frente a los intereses de facciones que habían predominado hasta ese momento resultó el marco de una experiencia que rechazó la democracia liberal y en la que se conjugó un fuerte nacionalismo (no tan lejano de perspectivas fascistas, con componentes antisemitas) con reivindicaciones socialistas y antiimperialistas. El “socialismo militar” tendió a unificar la oposición de los grupos liberales y los representantes de los intereses mineros, que acorralaron a Busch y lo llevaron al suicidio. Si bien durante el trienio que duró la experiencia no se produjeron reformas estructurales, se puso fin al sistema anterior y se abrió un horizonte de expectativas, que alcanzarían relevancia en torno de la revolución de 1952.

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